
En pleno centro de Guayaquil, sobre las calles Chile y Manabí, la informalidad en los servicios de belleza convive con carteles municipales que prohíben expresamente el comercio ambulatorio. En este punto de la ciudad, conocido por la presencia de las llamadas “damas de los pilares” —quienes ofrecen tinturado de cejas y colocación de pestañas en la vía pública—, se han registrado recientes episodios de violencia que han trascendido a redes sociales. Las imágenes de riñas entre las propias trabajadoras han generado malestar entre comerciantes formales del sector, quienes aseguran que estas conductas no solo ahuyentan a los clientes, sino que también proyectan una imagen negativa del comercio y de la mujer trabajadora. A pesar de que una unidad móvil de la Policía Nacional se encuentra a menos de 20 metros del lugar, los vecinos denuncian que los altercados son recurrentes y que los operativos de control son insuficientes.
La ordenanza municipal que rige en el cantón Guayaquil es clara al prohibir el estacionamiento de vehículos y la venta ambulante en estas zonas, así como la comercialización de jugos, pirotécnicos y otros productos. Sin embargo, las trabajadoras informales continúan instalando sus pequeños puestos en los pilares de la vía, desafiando las normas y generando un ambiente de tensión. Los comerciantes establecidos de la zona piden a las autoridades que refuercen los patrullajes y los operativos de control, pues argumentan que estas situaciones de inseguridad y desorden afectan directamente sus ventas y la seguridad de quienes acuden al sector a realizar compras. El problema se agrava cuando las diferencias entre las vendedoras escalan a agresiones físicas y verbales, que son grabadas y difundidas masivamente, profundizando el estigma sobre la informalidad.
La presencia de la Policía Nacional en el sector, si bien es visible, no ha logrado disuadir la repetición de estos hechos. Los comerciantes consultados señalan que la respuesta de las autoridades ante las denuncias ha sido lenta y que los operativos de control son esporádicos, lo que permite que las vendedoras informales regresen al lugar al poco tiempo. La situación plantea un doble desafío para el Municipio de Guayaquil: por un lado, debe garantizar el cumplimiento de las ordenanzas que regulan el uso del espacio público y el comercio formal; por otro, debe ofrecer alternativas laborales y espacios adecuados para que estas mujeres puedan ejercer su oficio de manera digna y segura. La ordenanza metropolitana N° 7, que regula los usos del suelo en el centro de la ciudad, prohíbe el comercio en áreas peatonales, aunque su aplicación ha sido históricamente laxa en este sector. Mientras no se aborde el problema de fondo —la falta de oportunidades laborales—, los conflictos en los “pilares de la belleza” seguirán siendo un síntoma de una informalidad que, lejos de resolverse, se profundiza y se vuelve más violenta.