
El abogado Luis Rocha explicó en Noticias de la Mañana los principales cambios que plantea la reforma a la ley de inquilinato, una normativa que data de 1972 y que busca actualizarse con tres puntos clave: la mediación obligatoria previa a un proceso judicial, el registro del contrato de arrendamiento en notaría y en la oficina de arrendamientos del municipio, y el límite máximo de la garantía.
Rocha señaló que la mediación será un requisito antes de iniciar un desalojo por falta de pago, lo que podría alargar los procesos. También destacó que el contrato debe inscribirse cuando el canon de arrendamiento supere un salario básico unificado (actualmente $482), y que el incumplimiento de este requisito podría impedir iniciar un proceso judicial. Además, la reforma establece que la garantía no podrá superar dos cánones mensuales de arrendamiento y que el arrendador deberá devolver el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste natural.