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El caso contra Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, comenzó con una revisión de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) detectó inconsistencias en los informes financieros del binomio de Revolución Ciudadana, integrado por González y Andrés Arauz.
Entre los hallazgos, el organismo identificó cerca de 175.000 dólares en gastos de propaganda electoral que la campaña no declaró. También observó aportes por 6.400 dólares cuyo origen no contaba con documentación suficiente para acreditar su procedencia.
La campaña presentó sus descargos ante el CNE en febrero de 2025, mediante un expediente y un soporte digital. Sin embargo, los auditores concluyeron que diez observaciones seguían sin justificación.