La Fiscalía entregó a la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) dos listados de títulos falsos: uno con 81 nombres y el segundo con 285, que corresponden a dos etapas de la investigación. En esas nóminas se detectaron dos modalidades: sospechas de adulteración de títulos y de inscripción irregular en la base de datos de la Senescyt.
El informe servirá como sustento legal para que la Secretaría de la Administración Pública promueva acciones administrativas en contra de los posibles responsables. Los funcionarios en los que recaigan sospechas de haber usado un documento falso serán desvinculados del ejercicio público, sin posibilidad de reingreso y sin indemnización.
La Ley Orgánica de Servicio Público (arts. 9 y 15) detalla en qué circunstancias serán destituidos los servidores. Una de estas es la falsedad en los documentos entregados durante la postulación a un cargo. También lo es por haber recibido sentencia condenatoria en delitos contra el Estado. En el artículo 11 se dice además que la remoción de un cargo se hará en 45 días, luego de haber presentado la solicitud.
“El Contralor General o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito, en forma motivada, la remoción inmediata del servidor público que estuviere impedido de serlo, previo el sumario administrativo, de ser el caso, respetando los derechos a la defensa y al debido proceso”, estipula la Ley Orgánica.
Sin embargo, para los funcionarios inmersos en el proceso penal que investiga la Fiscalía, las sanciones no terminan allí. También hay una responsabilidad penal. Esto, por haber adquirido servicios de una red delictiva de ‘hackers’ para obtener un título de tercer nivel.
La Senescyt hace varios días, detectó 366 títulos con inconsistencias en su registro. El 40.6% de casos corresponde a la carrera de Derecho, 35.9% a Comercio y Administración, 6.3% a Informática, 3.1% de Ciencias de la Educación y alrededor del 2% a Medicina, entre las principales.
Fuente: El Comercio