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Un total de 1.399 armas de fuego y 719 accesorios decomisados en operativos contra el narcotráfico, extorsión y sicariato fueron destruidos por las Fuerzas Armadas, en un proceso que incluyó inutilización previa y verificación internacional para garantizar su eliminación definitiva.
El material bélico decomisado estaba vinculado a estructuras delictivas como las bandas Los Águilas, Los Lobos, Choneros y Lagartos, que operan en varias provincias del país cometiendo delitos conexos como sicariato y extorsión.
La destrucción se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y contó con la presencia de organismos verificadores externos que avalaron que ninguna de las armas pueda volver a circular ilegalmente.