
La Junta de Política y Regulación Financiera estableció que el pago de servicios básicos como luz, agua y teléfono podrá ser considerado como información adicional para evaluar el perfil crediticio de los ecuatorianos, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera.
La medida, vigente desde el 20 de agosto, complementa el análisis de las entidades financieras antes de conceder créditos.
Para incorporar nuevas fuentes de información se requerirá una resolución adicional y se respetarán las normas de protección de datos.
El objetivo es generar información para personas sin historial crediticio.