
El presidente Daniel Noboa declaró como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto Ejecutivo 448, un instrumento aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado que alinea a todas las instituciones del Estado bajo una misma hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado interno, recuperar el control territorial y combatir el crimen organizado con objetivos medibles.
El plan, que abarca el contexto estratégico de la seguridad, la implementación, las amenazas y riesgos en el umbral del conflicto, establece como objetivos imponer el control efectivo del territorio nacional, anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo y coordinado del poder del Estado, y reconstruir el sistema penitenciario.
La norma también determinó como amenazas al crimen organizado, el exterminio violento, la intrusión extranjera, la minería ilegal, el narcotráfico, el terrorismo, la subversión, la corrupción y los ciberataques, mientras que el Estado asume el compromiso de neutralizar la violencia y la capacidad armada, económica y logística de las redes delictivas.