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El pleno de la Revolución Ciudadana y asambleístas rechazaron la detención de Luisa González y la calificaron como persecución política.
Dirigentes del movimiento sostuvieron que la causa ya fue juzgada y que la multa electoral fue cancelada en su totalidad.
En la sede de Quito, el pleno del movimiento, apoyado por Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano, se pronunció contra la aprehensión.
Dirigentes señalaron que el Tribunal Contencioso Electoral impuso una multa económica que fue pagada por los involucrados.
El vicepresidente de la Revolución Ciudadana expresó rechazo a la acción judicial y la catalogó como política.
Sostuvo que, si se la llamaba a una audiencia, debió haber sido notificada previamente.