
Dirigentes del transporte pesado declararon la existencia de una crisis sectorial profunda provocada por el continuo incremento en el precio de los combustibles y la ausencia de políticas públicas eficaces, exigiendo al gobierno establecer un piso tarifario técnicamente sustentado para garantizar la sostenibilidad del sector.
Los transportistas denuncian que consumen combustible a precio internacional sin mejora en su calidad, y que el costo operativo acumulado ha generado un escenario de asfixia económica, donde el flete Quito-Guayaquil se paga entre 700 y 750 dólares cuando debería oscilar en 1,200 dólares.
El sector, que aporta el 5.5% del Producto Interno Bruto y genera miles de empleos directos e indirectos, lamenta no ser escuchado por las autoridades.