
El Tribunal de Garantías Penales convocó para el 29 y 30 de agosto la audiencia en la que se conocerá la resolución sobre los 21 procesados del caso AAA, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusados de comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024.
La fiscalía solicitó una pena de 6 años y 9 meses de prisión para el alcalde y señala que el perjuicio al Estado asciende a 61.5 millones de dólares.
La defensa de Álvarez sostiene que no existen pruebas suficientes y cuestiona el cálculo del supuesto perjuicio económico.